Una operación de agrupación o reunificación de deudas consiste en juntar todos los préstamos que tiene una persona (personales, créditos en tarjeta, hipotecarios....) en un nuevo préstamo hipotecario, reduciendo la cuota mensual y alargando el plazo de devolución del crédito. Las cuotas mensuales resultan más bajas y asequibles para el consumidor, pero los intereses a pagar se incrementan considerablemente, lo que hace que el pago total del préstamo reunificado sea bastante mayor que los anteriores juntos.
Lo más importante es calcular el coste total del servicio que se está contratando. Aunque la reunificación le va a suponer un gasto menor cada mes, al final el importe total que se termina abonando es muy superior al del conjunto de los créditos anteriores. Además, dado que el plazo de pago también se alarga, es fundamental tener en cuenta otros posibles gastos y préstamos que se puedan acumular en ese periodo, ya que se podría llegar al endeudamiento.
Sí. La actual legislación concede al consumidor la posibilidad de desistir del contrato dentro de los 14 días siguientes a su firma.
Usted puede interponer una reclamación a través de:
No pueden obligarle a contratarlo con su compañía. La normativa actual (Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario - LCCI) permite a la entidad exigir la contratación de un seguro de vida (además del obligatorio de daños) como garantía para el préstamo. Sin embargo, la entidad debe aceptar pólizas alternativas de cualquier proveedor, siempre que ofrezcan un nivel de prestaciones equivalente al exigido. La entidad solo puede exigir un seguro de daños que cubra el valor del inmueble hipotecado.
En primer lugar, hay que dirigirse a la Oficina del Defensor del Cliente de la misma entidad. Esta oficina dispone de dos meses para contestar al consumidor. Si no contestan o la respuesta no fuera satisfactoria, habría que dirigirse al Servicio de reclamaciones del Banco de España.
Las tarjetas de crédito sirven para comprar aplazando o fraccionando los pagos, así como para obtener dinero en efectivo a crédito. Por su uso se suele cobrar una cuota anual. El límite del crédito depende de la solvencia y antigüedad de la relación con la entidad de crédito y suele ser negociable.
Las tarjetas de débito son las comúnmente utilizadas en los cajeros automáticos para obtener dinero en efectivo, con un límite diario, aunque también podemos utilizarlas como medio de pago de productos o servicios en numerosos establecimientos. A diferencia de las tarjetas de crédito, su utilización sólo es posible si se dispone de efectivo en la cuenta a la que esté asociada la tarjeta, en la cuál se descuenta inmediatamente el importe de los pagos efectuados. Cada vez más entidades cobran una cuota anual por su utilización.
En una transacción comercial concurren dos partes, una que vende o presta un servicio y otra que lo recibe, abonando dicho bien o servicio. Esta relación comercial puede estar condicionada por algún contrato que vincule a las partes, como por ejemplo, un contrato de financiación, en el que figura un clausulado que otorga unos derechos y unas obligaciones que los firmantes tienen que cumplir.
Lo más aconsejable es que si el consumidor considera lesionados sus intereses económicos trate de renegociar los acuerdos a los que llegara con la empresa, pues las coacciones, amenazas, insultos y descortesías no constituyen infracción en materia de consumo.
Una entidad financiera no puede obligar a soportar gastos por gestiones que podría hacer el consumidor personalmente. Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019 (LCCI), la distribución de los gastos de formalización de la hipoteca es la siguiente:
La entidad prestamista asume los gastos de notaría, gestoría, registro y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).
Al consumidor le corresponde el pago de la tasación del inmueble y las copias de la escritura que solicite. La LCCI prohíbe las ventas vinculadas obligatorias; por lo tanto, la entidad debe aceptar servicios equivalentes de terceros (como seguros o gestorías no vinculadas a la formalización).
Si pierde o le roban la tarjeta, debe poner el hecho en conocimiento de la entidad bancaria o del establecimiento emisor de la tarjeta con la mayor rapidez posible, para que procedan a su anulación. No deje de notificarlo por escrito. Además, presente una denuncia en la Policía más cercana.
En la legislación españ
Una vez notificada la pérdida o robo, el cliente no será responsable de las operaciones no autorizadas.
Antes de la notificación, la responsabilidad máxima del usuario por el uso no autorizado de la tarjeta es de 50 euros, salvo que haya actuado con negligencia grave o dolo.
En caso de que el fraude se deba a un fallo de seguridad no imputable al cliente, la entidad debe devolver el importe total de la operación no autorizada.
Tenga en cuenta que algunas cláusulas de limitación de responsabilidad pueden ser abusivas y por tanto, nulas. En caso de duda, consulte con el Servicio de Reclamaciones del Banco de España.
Los registros de morosos son ficheros automatizados de datos cuya finalidad es reflejar los incumplimientos de obligaciones dinerarias, para que las entidades que conceden créditos o préstamos puedan valorar la situación de un posible cliente que solicita financiación. La finalidad de estos ficheros es dar seguridad al tráfico mercantil.
La Ley establece unos requisitos para la correcta inclusión de los datos, siendo indispensable que la deuda sea cierta, vencida, exigible y que el deudor haya sido requerido de pago. Tras la inclusión, y en el plazo máximo de 30 días, el responsable está obligado a notificar personalmente al afectado esta circunstancia, indicando el motivo, la entidad cedente y la cantidad.
Plazo de Inclusión: De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), los datos referentes a una deuda impagada pueden figurar en un registro de morosos durante un periodo máximo de cinco años, transcurridos los cuales se deben eliminar automáticamente.
Si los datos son inexactos o incompletos, el afectado puede ejercer su derecho de rectificación y/o cancelación ante el responsable del fichero o la entidad cedente del dato. Si le han producido algún perjuicio por inclusión ilícita, podrá reclamar ante los Tribunales de Justicia.
La cuenta corriente puede tener un único titular, o varios titulares. Cuando es de varios titulares, hay dos tipos: de titularidad indistinta (o solidaria), lo que implica que pueden disponer de la cuenta cualquiera de los titulares indistintamente; o de titularidad conjunta (o mancomunada), cuya peculiaridad es que para poder disponer del saldo se precisa la firma conjunta de todos los titulares. La información de este tipo de cuenta se da a través del extracto bancario que envía el banco al domicilio periódicamente.
En el caso de libretas de ahorro, el soporte para informar al titular es una libreta. Cuando el cliente ingresa el primer importe, el banco le entrega la libreta o cartilla de ahorro, donde se refleja la primera imposición efectuada. Todas las operaciones que se realicen, pago o reintegro, ingreso o imposición, y la liquidación de intereses, quedarán anotadas en la libreta. Normalmente el banco no remite extractos de estas cuentas, toda vez que en la propia libreta actualizada se reflejan todos los apuntes realizados.
El primer paso es reclamar ante los servicios o departamentos de atención al cliente y los defensores del cliente vinculados a las propias entidades.
Departamento o servicio de atención al cliente: es un departamento interno y especializado que debe tener la autonomía necesaria para decidir sobre los conflictos.
El Defensor del Cliente es un órgano externo a la entidad y su creación es voluntaria. Actuará con independencia de la entidad y total autonomía.
Si han transcurrido dos meses sin haber recibido contestación, o no ha quedado satisfecho con la respuesta, el segundo paso que debe dar el cliente es plantear la reclamación ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en su sede central (C/Alcalá, 48, 28014 de Madrid) o en cualquiera de sus sucursales. Para que este organismo admita la reclamación, es necesario acreditar haber acudido con carácter previo al Servicio de Atención al Cliente o Defensor del Cliente de la entidad reclamada, es decir, debe presentar el resguardo del certificado de correos o el sello de entrada en la entidad.
En su reclamación deberán constar los datos identificativos del reclamante, el nombre de la entidad reclamada y los hechos concretos que constituyen el objeto de la reclamación. Por ello, deberá aportarse toda la documentación de que disponga el interesado en relación con el hecho reclamado.
El expediente se resolverá en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de presentación de la reclamación.
En todo caso, siempre se puede acudir a los Tribunales de Justicia o bien al arbitraje si es aceptado por ambas partes.
Las reclamaciones terminan con la emisión de un informe motivado en el que se concluye si se ha apreciado un quebrantamiento de normas de transparencia y protección de la clientela y/o si la entidad se ha ajustado a las buenas prácticas y usos bancarios.
Este informe supone una opinión del servicio, es decir, no tiene efectos vinculantes entre las partes, lo que implica que el reclamante no puede entablar recurso alguno. La entidad reclamada tendrá un plazo de un mes contado desde la notificación, para comunicar si ha optado o no por rectificar la situación reclamada conforme a las conclusiones del informe.
La Ley 5/2019 (LCCI) regula las comisiones por amortización anticipada (aplicables en subrogación o novación con cambio de condiciones) con los siguientes límites máximos:
Préstamos a tipo de interés variable: 0,25% del capital reembolsado anticipadamente durante los 3 primeros años de vigencia del contrato, o 0,15% si se realiza a partir del tercer año.
Préstamos a tipo de interés fijo: La comisión máxima es del 2% del capital reembolsado anticipadamente durante los 10 primeros años, y del 1,5% si se realiza a partir del décimo año (esta comisión solo puede cobrarse si genera una pérdida financiera para la entidad).
Respecto a la novación (modificación) del tipo de interés para pasar de variable a fijo, la LCCI establece bonificaciones arancelarias en los honorarios notariales y registrales para fomentar estas operaciones, lo que reduce significativamente su coste para el consumidor.
Tras el pago total del préstamo hipotecario, la cancelación registral de la hipoteca se realiza en beneficio del prestatario (consumidor). La jurisprudencia consolidada ha establecido que los gastos notariales y registrales de la escritura de cancelación, necesarios para que la vivienda figure sin cargas en el Registro de la Propiedad, corren a cargo del prestatario.
No obstante, debe revisar siempre la escritura de hipoteca. Si la entidad contrata una gestoría para este trámite, el coste de la gestoría para la cancelación lo asume el banco.
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